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Migrar, desplazarse buscando protección y mejores condiciones de vida, es un hecho tan antiguo como la humanidad misma. Nuestra propia historia es una historia de constantes emigración e inmigración. Los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclaman que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de cualquier Estado”, y que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.

Estos derechos fundamentales se han convertido en el último de los derechos que millones de personas se ven obligadas a ejercer, ante la imposición de un orden político y económico mundial que somete a amplias zonas del planeta a un constante proceso de explotación y saqueo.

Frente a esta realidad los poderes públicos reaccionan aprobando una Reforma de la Ley de Extranjería que supone un fuerte endurecimiento de las condiciones de entrada y permanencia de las personas inmigrantes en España. Consideramos que esta iniciativa legal avanza en la intención del Gobierno de recortar de nuevo los derechos fundamentales, en complicidad con las políticas migratorias cada vez más utilitaristas y represoras planificadas desde la Unión Europea, que intentan reducir al migrante a mano de obra por un lado, y un presunto delincuente por otra.

La Mesa d’Entitats de Solidaritat amb als Immigrants y el Foro Alternativo de la Inmigración consideran que la vigente Ley de Extranjería es inaceptable porque vulnera sistemáticamente los Derechos Humanos, y que la propuesta de endurecimiento y contrareforma todavía lo es más, y queremos denunciar los hechos concretos más preocupantes:

1. La LOEX mantiene aberrantes Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) con el fin de privar la libertad a seres humanos que tan sólo han cometido una falta administrativa, para después expulsarles del país, y la reforma supone una ampliación del plazo de reclusión hasta 60 días, e ilimitada en caso de habeas corpus o solicitud de asilo.
2. El derecho a vivir en familia se ve todavía más vulnerado con el endurecimiento de las condiciones para lograr el reagrupamiento familiar. Se exigen 5 años de residencia legal, y se prohíbe para ascendentes menores de 65 años y descendientes mayores de 18.
3. La futura prohibición de empadronarse para muchas personas supondrá serias dificultades para acceder a la asistencia sanitaria, a la atención educativa no obligatoria, o ayudas para a la vivienda.
4. Se sistematiza la represión policial, obstaculizando el acceso a la asistencia jurídica gratuita, endureciendo el régimen sancionador y penalizando la solidaridad con las personas que no dispongan de permiso de residencia. Las mujeres víctimas de violencia de género serán objeto de la incoación de un expediente de expulsión al mismo tiempo que acuden a realizar la denuncia.
5. Se legaliza la deportación de menores extranjeros no acompañados, que podrán ser expulsados a sus países de origen sin que prime el interés superior de protección a la infancia.

Con toda una batería de medidas destinadas a criminalizar a la inmigración y a la solidaridad con ésta, resulta coherente que la única novedad aceptable, el reconocimiento del derecho de asociación para personas en situación administrativa irregular, venga de la obligación de asumir una sentencia del Tribunal Constitucional.

Demandamos que los grupos parlamentarios acojan el conjunto de propuestas elaborado por las organizaciones sociales, de inmigrantes y refugiados, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de derechos de las personas migrantes y en un tratamiento global del fenómeno de las migraciones.

Animamos al conjunto de la ciudadanía a apoyar activamente las iniciativas de respuesta y a mostrar su rechazo a propuestas como esta contrarreforma de la Ley de Extranjería que criminaliza a las personas migrantes, restringe sus derechos y su plena integración en nuestra sociedad.

Reclamamos la legislación de políticas migratorias enfocadas a la priorización de la justicia y la integración social, al escrupuloso respeto de los Derechos Humanos y a la derogación de toda práctica represora; y exigimos por lo tanto que el Gobierno y el Parlamento español retiren un proyecto de ley eminentemente restrictivo y lesivo para los derechos de las personas extranjeras.

NO A LA LEY DE EXTRANJERÍA

NO A SU CONTRAREFORMA Y ENDURECIMIENTO

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN

Mesa d´Entitats de Solidaritat amb els Immigrants

Foro Alternativo de la Inmigración