Hoy, 18 de diciembre nos encontramos —personas migrantes y aliadas— unidas por la misma exigencia: el respeto y la garantía de los derechos de todas las personas migrantes.
Recordamos al Gobierno de España, y a todos los gobiernos europeos, que las migraciones no nacen del azar. Son consecuencia del desequilibrio profundo que sostiene este mundo: de las guerras económicas, del expolio de recursos, del saqueo del Norte global sobre los pueblos del Sur que aún resisten. Migrar no es un delito, es una respuesta a la injusticia.
Las personas migrantes nos reconocemos como humanas y dignas, portadoras de derechos que nadie concede ni puede arrebatar: el derecho a una vida plena, a movernos libremente, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a vivir sin miedo ni discriminación. Son derechos que el Estado español vulnera una y otra vez, pero que seguiremos reclamando con la fuerza de nuestras voces, con nuestros cuerpos, con la certeza de que la dignidad no conoce fronteras.
Alzamos la voz para desenmascarar una mentira que se ha instalado en el discurso público: la idea de que la inseguridad tiene rostro migrante. Frente a quienes utilizan el miedo para justifi car el cierre de fronteras, los recortes de derechos o la degradación de los servicios públicos, afi rmamos que la verdadera seguridad solo se construye con vivienda digna, con empadronamiento universal, con servicios públicos accesibles y con derechos garantizados para todas las personas.
No hay evidencias de que las personas migrantes sean responsables del deterioro de la seguridad. En cambio, sí las hay de que son quienes más sufren la precariedad, la exclusión y la violencia institucional. La amenaza real no llega de quienes cruzan fronteras, sino de la destrucción de lo común: de la sanidad privatizada, de la vivienda convertida en lujo, de los derechos debilitados mientras se invierten millones en control fronterizo y policía. Esa política del miedo fractura la convivencia y debilita la justicia social.
Rechazamos los discursos de odio que criminalizan a la población migrante, especialmente a los menores no acompañados. Recordamos que la infancia, sin excepción, tiene derechos fundamentales que deben garantizarse de forma efectiva.
Denunciamos los CIES como prisiones racistas que privan de libertad a nuestras hermanos y hermanas, vulnerando su dignidad y libertad! Estos centros reproducen
racismo institucional, opacidad y violencia, alejados de cualquier lógica de acogida y de garantía de derechos humanos.
Rechazamos esta violencia institucional y exigimos su cierre inmediato.
Denunciamos también las medidas anunciadas por el gobierno de la Comunitat Valenciana, que alimentan la islamofobia y fomentan la división entre “buenos” y “malos” migrantes. Intentan enfrentar a las comunidades latinoamericanas con otras comunidades, como la musulmana, pero se equivocan: estamos organizadas, nos cuidamos entre nosotras y defenderemos nuestros derechos de forma fi rme y conjunta.
También denunciamos el racismo inmobiliario, esa violencia cotidiana que niega el acceso a una vivienda o impone condiciones abusivas por el color de la piel o el origen. Exigimos la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional, la activación de un plan urgente sobre los pisos vacíos y la creación de un parque público de vivienda social y accesible. Tener un hogar no puede ser un privilegio condicionado por el nombre o el pasaporte.
El empadronamiento es más que un trámite: es la llave de acceso a los derechos básicos y una forma de reconocimiento administrativo. Sin empadronamiento no hay sanidad, educación ni protección social. Por eso defendemos el empadronamiento universal, sin trabas ni requisitos arbitrarios. Queremos ciudades que acojan, no que expulsen. Queremos una València que sea realmente una ciudad de acogida, donde ninguna persona quede fuera de los registros que garantizan derechos y dignidad.
Exigimos al Gobierno la aprobación inmediata de la ILP Regularización Ya. Hoy, alrededor de 700.000 personas siguen viviendo en situación administrativa irregular, atrapadas en un limbo que vulnera derechos básicos. La última reforma de la Ley de Extranjería no ha resuelto este problema: fue una respuesta insufi ciente, pactada sin incorporar plenamente las demandas del movimiento migrante. Regularizar no es una concesión: es un acto de justicia social y un paso necesario hacia una sociedad que no excluya ni oculte a las personas que la sostienen.
Nuestra solidaridad también se extiende más allá de nuestras fronteras. Palestina, Sudan y la República Democrática del Congo nos recuerda que los genocidios, la ocupación y las políticas coloniales siguen expulsando comunidades enteras y convirtiendo a millones de personas en refugiadas. Las mismas estructuras que justifi can la violencia en otros territorios se traducen aquí en fronteras, vigilancia y deshumanización. Defender a estos territorios es también denunciar la industria armamentística, la militarización de las fronteras y las alianzas que perpetúan el exilio y la desigualdad.
Denunciamos, asimismo, el papel de Frontex, la agencia que simboliza la llamada “Europa fortaleza”. Una estructura que prioriza la impermeabilidad de las fronteras sobre los derechos humanos, que opera con opacidad y que ha sido cuestionada por prácticas ilegales y violentas. Rechazamos, además, la reforma de la Directiva del Retorno, que pretende facilitar expulsiones y normalizar la detención de personas solicitantes de asilo. Ninguna política puede legitimar la negación del derecho a buscar refugio.
Expresamos nuestro rechazo a las políticas de Trump y a las actuaciones de los ICE contra la comunidad migrante en Estados Unidos, que han provocado separaciones familiares, abusos y sufrimiento injustifi cable. Condenamos también la intervención e injerencia estadounidense en América Latina, que ha generado inestabilidad y violencia que empujan a miles de personas a migrar.
Por último queremos recordar a todas las personas migrantes afectadas por la DANA. Muchas siguen sin poder regularizar su situación y continúan atrapadas sin apoyo real. No existe una política pública pensada para ellas, pese a ser uno de los colectivos más golpeados por la mayor catástrofe climática que ha vivido España en la última década. Son las grandes olvidadas, y exigimos respuestas.
Este manifi esto es una invitación a actuar. A no mirar hacia otro lado. A organizarse en los barrios, denunciar el racismo institucional, defender el empadronamiento universal y apoyar la ILP Regularización Ya. También a sumarse a las campañas de boicot y presión política vinculadas a Palestina y al fi n del régimen de fronteras coloniales.
Porque la seguridad no está en el miedo, sino en los derechos. Porque no queremos fronteras que separan, sino derechos que igualen. Porque ninguna persona es ilegal y toda vida merece ser cuidada.
Hoy, más que nunca, decimos:
Regularización YA
Ningún ser humano es ilegal
Viva Palestina Libre Sudan CONGO