«València contra el racismo» «La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes”. #ParadElRacismo.
#ValenciaContraElRacismo.
El Estado español arrastra un problema de racismo estructural que se va blindado a lo largo del tiempo con narrativas negacionistas que impide su desmantelamiento. Este fenómeno no se limita a prejuicios sociales individuales, sino que se concreta en una violencia institucional sistemática ejercida por las propias Administraciones quienes deberían velar por garantizar los derechos y las libertades de toda la ciudadanía. Cuando la violencia estructural se manifiesta desaparecen los recursos para hacer frente a la barbarie.
Venimos denunciando colectivamente el carácter estructural e institucional del racismo que condiciona todas las dimensiones de la vida. De esta forma, determina la división del trabajo, el acceso a vivienda, educación y sanidad; el acceso y permanencia en una vivienda digna, estableciendo barreras en el empadronamiento o la documentación de personas en situación administrativa irregular; priva de libertad en los llamados Centros de Internamientos de Extranjeros (CIES) y aparece en las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La violencia y el daño más feroz del racismo recae sobre los cuerpos y las vidas migrantes y racializadas. Este sistema corroe la base de la convivencia de todas las personas que la conforman, pues se sustenta en la supremacía racial y, por ende, en la exclusión, discriminación y segregación de gran parte de sus vecinas y vecinos. El racismo no es un problema de los y las “inmigrantes”, es un sistema de opresión que nos condena a vivir en una sociedad fracturada y cómplice de la deshumanización que nos imponen.
RECLAMAMOS:
• La prohibición expresa y de forma clara en la Ley de Seguridad Ciudadana del uso de perfiles raciales en labores de parada e identificación, estableciendo un marco legal que defina esta práctica y la señale como forma de discriminación racial y, al mismo tiempo, obligue a motivar la actuación policial con evidencias e informaciones objetivas.
• El fin de las políticas de privación de la libertad en los CIES de las personas migrantes y racializadas.
• Las barreras administrativas del Ayuntamiento de Valencia para acceder al empadronamiento, un derecho de toda la ciudadanía.
• Las dificultades de acceso a una vivienda en alquiler para personas por perfiles raciales.
• Un sistema educativo que no segregue a la infancia y juventud, hijas de las comunidades migrantes y racializadas.
• Un sistema de salud pública que pone barreras administrativas y económicas y que excluyen a miles de personas migrantes y racializadas.
DENUNCIAMOS:
• La opresión racial en su intersección con el patriarcado, el régimen de la heterosexualidad obligatoria, el colonialismo y la esclavitud, así como con la desigualdad económica producida por el sistema capitalista.
• El poder político de privar de derechos básicos a las personas migrantes y racializadas y reunir todo el poder del Estado para imponer, en la práctica, la segregación y la desigualdad.
• El poder social de negar a las personas migrantes y racializadas la inclusión o participación plena en la vida asociativa.
• La aplicación de perfiles raciales, vigilancias con programas informáticos, detenciones ilegítimas, trato cruel, inhumano y degradante, así como de violencia policial que puede causar muertes.
• Los obstáculos que impiden a algunas personas acceder a una atención en la salud pública de calidad, exacerba los problemas de salud física, mental, social, sexual y reproductiva en el presente y en el futuro perjudicando además otros derechos.
• La doble vara de medir de la justicia internacional, incluida la aparente incapacidad de la Corte Penal Internacional (CPI) de hacer rendir cuentas a los presuntos criminales de Estados poderosos y de garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las víctimas de crímenes de derecho internacional, como es el caso de la comunidad palestina.
• La violencia infligida a las comunidades migrantes y racializadas por los Estados y por grupos parapoliciales y el uso de las redes sociales para propagar bulos y generar un clima de odio y segregación racial, con persecución a las comunidades latinoamericanas, islámicas y africanas en razón de su cultura, religión y estatus social.
• La persecución a organizaciones de Derechos Humanos y activistas que defienden la justicia racial y los derechos civiles, incluidos los asesinatos y detenciones de estos y estas activistas, como en el caso de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota.
• La ofensiva criminal, que ya se estaba dando desde 2010 en el Estado Español, y que la política de la administración Trump ha desatado contra las comunidades migrantes y racializadas latinoamericanas es una estrategia de terror institucionalizada, utilizando el castigo, el miedo y la muerte como arma política. No olvidamos la crueldad sistémica que desgarra familias y encierra a las infancias en jaulas, ni las formas humillantes y degradantes de las expulsiones masivas que despojan de toda dignidad al ser humano. Esto no es un hecho aislado, es violencia
en todos los territorios conformados por gobiernos autoritarios, globalizando un modelo de impunidad y odio contra quienes ejercen el derecho a la movilidad.
• El trato infligido a personas migrantes en el centro de detención de Florida conocido como el “Alcatraz de los Caimanes”, que es un sistema deliberado de castigo y deshumanización en un contexto de criminalización de la migración y detención masiva impulsada por autoridades estatales y federales. Prácticas que pueden constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Como llevan ocurriendo desde su apertura en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores en la ciudad de València.
• La aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, del que el Estado Español es ponente y firmante, que supone el desmantelamiento de los contenidos, de los equipos y de los valores que fueron y han de seguir siendo el escudo social contra el racismo y que aplica diferente vara de medir a las personas según su origen, que acepta refugiados europeos como los provenientes de Ucrania, pero que externaliza la expulsión de migrantes y refugiades racializades a terceros países aunque estos
países no cumplan con la defensa de los Derechos Humanos.
• Por último, denunciamos las políticas que son contrarias a la regularización de personas migradas y que claramente reclaman la expulsión masiva de familias por una infracción administrativa.
MANIFEST DIA CONTRA EL RACISME (21 DE MARÇ DE 2026):
«València contra el racisme» «La injustícia en qualsevol part és una amenaça per a la justícia a tot arreu”. #ParadElRacismo.
#ValenciaContraElRacismo.
L’Estat espanyol arrossega un problema de racisme estructural que es va blindar al llarg del temps amb narratives negacionistes que impedix el seu desmantellament. Este fenomen no es limita a prejuís socials individuals, sinó que es concreta en una violència institucional sistemàtica exercida per les pròpies Administracions els qui haurien de vetlar per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania. Quan la violència estructural es manifesta desapareixen els recursos per a fer front a la barbàrie.
Venim denunciant col·lectivament el caràcter estructural i institucional del racisme que condiciona totes les dimensions de la vida. D’esta manera, determina la divisió del treball, l’accés a l’habitatge, educació i sanitat; l’accés i permanència en una vivenda digna, establint barreres en l’empadronament o la documentació de persones en situació administrativa irregular; priva de llibertat en els anomenats Centres d’Internaments d’Estrangers (CIES) i apareix en les actuacions de les Forces i Cossos de Seguretat.
La violència i el mal més feroç del racisme recau sobre els cossos i les vides migrants i racialitzades. Este sistema corroïx la base de la convivència de totes les persones que la conformen, perquè se sustenta en la supremacia racial i, per tant, en l’exclusió, discriminació i segregació de gran part de les seues veïnes i veïns. El racisme no és un problema dels i les “immigrants”, és un sistema d’opressió que ens condemna a viure en una societat fracturada i còmplice de la deshumanització que ens imposen.
RECLAMEM:
• La prohibició expressa i de manera clara en la Llei de Seguretat Ciutadana de l’ús de perfils racials en labors de parada i identificació, establint un marc legal que definisca esta pràctica i l’assenyale com a forma de discriminació racial i, al mateix temps, obligue a motivar l’actuació policial amb evidències i informacions objectives.
• La fi de les polítiques de privació de la llibertat en els CIES de les persones migrants i racialitzades.
• Les barreres administratives de l’Ajuntament de València per a accedir a l’empadronament, un dret de tota la ciutadania.
• Les dificultats d’accés a una vivenda en lloguer per a persones per perfils racials.
• Un sistema educatiu que no segregue a la infància i joventut, filles de les comunitats migrants i racialitzades.
• Un sistema de salut pública que posa barreres administratives i econòmiques i que exclouen a milers de persones migrants i racialitzades
DENUNCIEM:
• L’opressió racial en la seua intersecció amb el patriarcat, el règim de l’heterosexualitat obligatòria, el colonialisme i l’esclavitud, així com amb la desigualtat econòmica produïda pel sistema capitalista.
• El poder polític de privar de drets bàsics a les persones migrants i racialitzades i reunir tot el poder de l’Estat per a imposar, en la pràctica, la segregació i la desigualtat.
• El poder social de negar a les persones migrants i racialitzades la inclusió o participació plena en la vida associativa.
• L’aplicació de perfils racials, vigilàncies amb programes informàtics, detencions il·legítimes, tracte cruel, inhumà i degradant, així com de violència policial que pot causar morts.
• Els obstacles que impedixen a algunes persones accedir a una atenció en la salut pública de qualitat, exacerba els problemes de salut física, mental, social, sexual i reproductiva en el present i en el futur perjudicant a més altres drets.
• La doble vara de mesurar de la justícia internacional, inclosa l’aparent incapacitat de la Cort Penal Internacional (CPI) de fer rendir comptes als presumptes criminals d’Estats poderosos i de garantir la igualtat d’accés a la justícia per a totes les víctimes de crims de dret internacional, com és el cas de la comunitat palestina.
• La violència infligida a les comunitats migrants i racialitzades pels Estats i per grups parapolicials i l’ús de les xarxes socials per a propagar faules i generar un clima d’odi i segregació racial, amb persecució a les comunitats llatinoamericanes, islàmiques i africanes en raó de la seua cultura, religió i estatus social.
• La persecució a organitzacions de Drets Humans i activistes que defenen la justícia racial i els drets civils, inclosos els assassinats i detencions d’estos i estes activistes, com en el cas de Renee Good i Alex Pretti a Minnesota.
• L’ofensiva criminal, que ja s’estava donant des de 2010 en l’Estat Espanyol, i que la política de l’administració Trump ha llançat contra les comunitats migrants i racialitzades llatinoamericanes és una estratègia de terror institucionalitzada, utilitzant el castic, la por i la mort com a arma política. No oblidem la crueltat sistèmica que estripa famílies i tanca a les infàncies en gàbies, ni les formes humiliants i degradants de les expulsions massives que despullen de tota dignitat a l’ésser humà. Això no és un fet aïllat, és violència en tots els territoris conformats per governs autoritaris, globalitzant un model d’impunitat i odi contra els qui exercixen el dret a la mobilitat.
• El tracte infligit a persones migrants en el centre de detenció de Florida conegut com l’“Alcatraz dels Caimans”, que és un sistema deliberat de castic i deshumanització en un context de criminalització de la migració i detenció massiva impulsada per autoritats estatals i federals. Pràctiques que poden constituir tortura i altres tractes cruels, inhumans o degradants. Com porten ocorrent des de la seua obertura en el Centre d’Internament d’Estrangers de Sapadors a la ciutat de València.
• L’aplicació del Pacte Europeu de Migració i Asil, del qual l’Estat Espanyol és ponent i firmant, que suposa el desmantellament dels continguts, dels equips i dels valors que van ser i han de continuar sent l’escut social contra el racisme i que aplica diferent vara de mesurar a les persones segons el seu origen, que accepta refugiats europeus com els provinents d’Ucraïna, però que externalitza l’expulsió de migrants i refugiades racializades a tercers països encara que estos països no complisquen amb la defensa dels Drets Humans.
• Finalment, denunciem les polítiques que són contràries a la regularització de persones migrades i que clarament reclamen l’expulsió massiva de famílies per una infracció administrativa.